Piden rechazar prisión domiciliaria a Leonel Almonte

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SAN CRISTOBAL.- Los abogados de los ahorristas del quebrado Banco Universal de Leonel Almonte Vásquez, quien cumple una pena de 15 años de prisión, pidieron al juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, rechazar la instancia de solicitud de prisión domiciliaria del prevenido, porque el régimen especial al que se acoge por haber cumplido los 70 años no es automático.

Explican los juristas Pompilio Ulloa, Ricardo Díaz y Ángel Moneró, que el ex -banquero apoderó a dicho tribunal de una instancia en solicitud de prisión domiciliaria.

Indican, que mediante auto 667-2012, del 6 de este mes, el magistrado José Ignacio Medrano, fijó la audiencia para este viernes 29 a las 9:00 de la mañana, a los fines de conocer la instancia sometida por el recluso. Los abogados Ulloa, Díaz y Moneró, representan en el proceso judicial que se sigue a Almonte Vásquez a Cristian C. Caraballo, Rosa Caraballo y Reynilda del Carmen Rodríguez.

Ellos sostienen, que la excarcelación es para aplicarla a reclusos en condiciones especiales, pero no es automática, y que en las mismas condiciones que presenta Almonte Vásquez “existen miles de reos en las cárceles dominicanas”.

Leonel Almonte Vásquez, se encuentra en la cárcel de Najayo Hombre, de San Cristóbal, desde el mes de agosto de 2010. Hace la solicitud de prisión domiciliaria, argumentando haber cumplido la edad de 70 años, cuya solicitud tiene como fundamento legal el artículo 342 del código Procesal Penal, que establece un régimen especial para los que sobrepasen la edad de 70 años.

Dicho código establece, que serán beneficiados los reos que padezcan de una enfermedad terminal o un estado de demencia, para las mujeres embarazadas o en lactancia, así como para aquellas personas adictas a las drogas o al alcohol.

Se recuerda, que el ex - banquero fue condenado a 15 años de reclusión mayor el 6 de junio de 2009, sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Además fue condenado a la restitución a favor de los querellantes de la suma de 184 millones de dólares.

El proceso judicial se inició en la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1992, siendo declinado a petición del recluso, primeramente por ante el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y posteriormente, a San Juan de la Maguana.

Exponen los abogados Ulloa, Díaz y Monenó, que las debilidades del sistema de aquella época y la capacidad de corrupción del procesado, impidieron que fuera juzgado durante aproximadamente 18 años. El imputado apoderó a la SCJ de 28 instancias, debiendo dicho tribunal dictar igual número de decisiones de cada caso.