Santo Domigo, República Dominicana.- En medio de las expectativas de sectores nacionales que reclamaban una modificación para cumplir con el 4% para la educación del Producto Interno Bruto (PIB), como lo dispone la ley, y atender demandas de una mayor partida hechas por varias instituciones, la Cámara de Diputados aprobó anoche en primera lectura, sin ninguna modificación, el “Proyecto de Presupuesto y Ley General del Estado”, ascendente a RD$430,000 millones.
La pieza fue aprobada con el voto en contra de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de 4 del Partido de la Liberación Dominicana PLD y otros de los partidos minoritarios con representación en el Congreso Nacional, luego de que presidente del hemiciclo, Abel Martínez, tras cuatro horas de debates, a las 6:50 de la noche, sometió el cierre del debate a pedido de los peledeistas Rubén Maldonado y Tulio Jiménez.
A seguidas procedió a someter los informes disidentes que presentaron Pelegrín Castillo, Guadalupe Valdez, y uno del PRD, los cuales fueron rechazados por el hemiciclo.
Luego fue sometido el informe presentado por la Comisión Especial que presidió Lupe Núñez, el cual fue aprobado a igual que el proyecto de presupuesto, que fue acogida por 88 a favor y 72 en contra.
En contra del presupuesto votaron Minou Tavárez Mirabal, Radhamés Camacho, Manuel Jiménez, Mario Hidalgo, asì como Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo. En tanto, ocho del PRD se abstuvieron, y el perredeista Virgilio Merán, votó a favor.
ACUDIERON AL CONGRESO
Decenas de personas acudieron al Congreso Nacional a reclamar que la pieza fuera modificada, mientras, en la mañana, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) aprobó una instancia que someterá ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), si el proyecto es aprobado sin modificación como ocurrió, mientras que decenas de personas que integran la Coalición por una Educación Digna permanecieron en vigilia frente al Congreso para que se incluyera en 4% del presupuesto para la educación.
LOS DEBATES
Al inicio de los debates, Martínez anotó que el “Presupuesto General del Estado” es una ley ordinaria, por lo que no se requiere de las dos terceras partes de los presentes para su aprobación, aclarando que cuando se trata de una modificación al presupuesto se requiere de las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo.
Explicó que la Ley No.423-06, la Ley Orgánica de Presupuesto en su artículo 40 es clara y establece que el Poder Ejecutivo someterá al Congreso, para su consideración y aprobación, el proyecto de “Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos” durante la segunda legislatura ordinaria.
En tanto, Guadalupe Valdez, presentó un informe disidente sobre el proyecto de presupuesto, por entender que no cumplen con lo establecido en el artículo 63 inciso 10 de la Constitución y en la Ley 66-97 de educación, así como otras leyes especiales de asignación de recursos, como el 10 % del Fondo General para las alcaldías y el 2.66% del Fondo General para el Poder Judicial, y el 5% de los recursos internos para la UASD, entre otras.
La bancada del PRD, a través del congresista Héctor Feliz, presentó un informe disidente en la que pidió que se respetara las leyes especiales emanadas por el Congreso.
Solicitó que se respete la Ley de Educación en la que se signa el 4% del PIB a educación, así como la Ley que le asigna el 10% del presupuesto a los ayuntamientos, así como ley 139 que se le asigna 4.10 del presupuesto al Poder Judicial y el 5% del presupuesto a la UASD.
Pidió a los diputados peledeísta tener sensibilidad para llevarle tranquilidad al pueblo, con la modificación del presupuesto y asignarle las partidas que le corresponde a esas instituciones que le corresponde por ley.
De su lado, José Paliza precisó que los diputados peledeista tienen la gran oportunidad de no negarle la educación de calidad a los jóvenes, y Eugenio Cedeño indicó que el presupuesto de la Presidencia tiene asignada RD$36,800 millones, superando las asignaciones de los ministerios, de Turismo, Agricultura, Juventud, de la Mujer, Trabajo, Cultura, Industria y Comercio, Suprema Corte de Justicia y Procuraduría, entre otras.
El peledeista Gustavo Sánchez presentó datos estadísticos de la inversión realizada durante la gestión de Hipólito Mejía y en los gobiernos de Leonel Fernández, resaltando que Mejía invirtió el 1.8% de PIB en educación y que el presidente Fernández lo llevará al 3% del PIB.
Josefa Castillo expuso que los diputados del PLD aún tenían en la oportunidad y el compromiso que hizo el presidente Leonel Fernández en foros internacionales, de invertir en el 4% del PIB en educación, ya que de no cumplir con estos serán cuestionados por sus lectores.
Alberto Atallah, del PRD, coincidió con los planteamientos de Castillo, apuntando que el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, controla el Congreso Nacional y que será quien cargue con esto, ya que este no quieres ni hablar sobre el tema.
Teodoro Reyes dijo que el tema estaba siendo politizado y señaló que es innegable que el presupuesto asignado a educación, justicia y otras áreas no se corresponde con la realidad.
Víctor Casanova, diputado del PRD, se refirió a la situación crítica que vive la UASD, y solicitó que el debate debe concentrarse en lo adelante.
Victor Bisonó expresó que la educación es un compromiso de todos los dominicanos, “vemos la Coalición Digna y nosotros alzamos nuestra voz para que se lleve a cabo una revisión”.
Nelson Arroyo, del PRD, dijo el gobierno decidió como estrategia que había que salir del proyecto rápido para evitar que el movimiento de la sociedad civil incrementara el reclamo popular.
“Como legislador no puedo explicarle al pueblo de San Pedro de Macorís qué yo hice por ellos para que se contemplaran obras en mi provincia”, precisó Arroyo.
Adujo que “no acallarán las voces del pueblo con la aprobación del presupuesto, pero como soberano sabrá sacar factura el 20 de mayo del 2012. Yo me doy el lujo hoy de votar en contra de este presupuesto”.
Marino Collante, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, hizo un recuento de los desembolsos que se han hecho al sector Educación desde el 2000 al 2011, y que desde 6,000 millones de pesos hoy se le asigna una partida de 58, 500 millones.
Adujo que este es un país que tiene muchas necesidades, pero que no se puede desvestir un santo para vestir otro. “llamo a la sinceridad de los actores políticos y se sometan a la sensatez y a la sinceridad”.
Ruddy González, vocero del PRD, llamó a todos los diputados, incluyendo a los peledeistas a modificar el Presupuesto para que se destine más dinero a la Educación, a los Ayuntamientos y a la Justicia.
Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), subrayó que valoró el clamor nacional que se concentra en algo legítimo y válido para que se aporte más recursos a educación.
Acusó a clase política de no entender los retos que tiene el país, pues “este no es momento de aprovecharse con pronunciamientos políticos o electorales con este clamor al sector de educación, y someto como propuesta que aplacemos el conocimiento del presupuesto, que lo dejemos sobre la mesa para hacer un acuerdo para que se modifique para incrementar la inversión al sector educativo que se destine el 4%”.
Ramón Rogelio Genao, portavoz del PRSC, señaló que “la realidad de hoy es que tenemos un pueblo en la calle que reclama más y mejor educación y el Partido Reformista quiere dar respuesta al pueblo amarillo que reclama el 4% para educación, y planteamos dos modificaciones al presupuesto, el primero el artículo 56, para que se establezca como gasto el monto del 16% para educación, y se transfieran 2,300 millones del presupuesto de la Presidencia al monto consignado a Educación”.
Víctor Suárez, del bloque del PLD, recalcó que este Gobierno aumentó del presupuesto de 39,525 millones, 20,800 para Educación, y llamó a los congresistas a votar por la iniciativa en discusión.
SECTORES REACCIONAN INDIGNADOS
FEDOMU elevará recurso de inconstitucionalidad
La Coalición por una Educación Digna reaccionó esta noche indignada contra los diputados que aprobaron el presupuesto de 2012 sin tomar en cuenta los reclamos de consignar un 4% para la educación, como lo dispone la Ley, así como otras demandas de instituciones para que les asignen mayor partida.
La Federación Dominicana de Municipios, los trabajadores judiciales, la Asociación Dominicana de Profesores, los indignados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro Bonó, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Toy Jarto, también criticaron la decisión de los diputados.
Tras conocerse la aprobación del Presupuesto, cientos de personas que estaban aglomerados en el Congreso NacIonal, se manifestaron anoche frente a la sede del Congreso en contra de la votación.
Igualmente, Fedomu dijo que en breve elevará un recurso de inconstitucionalidad, ya que el gobierno central tiene sometidos a los municipios y distritos municipales.
Plantearon su inconformidad con la actitud del gobierno de incumplir la legislación vigente que dispone las transferencias de fondos del presupuesto nacional hacia los gobiernos locales en un 10% de los ingresos ordinarios del Estado.
“Desde el año 2008, el Poder Ejecutivo ha insistido en mantener las transferencias en un monto invariable, de menos de 15 mil millones de pesos, con lo que se deja de entregar un aporte sustancial que serviría a una mejor atención de las necesidades de las comunidades del país”, precisó Fedomu.
“La administración local, en todo el país languidece en una situación de precariedad para cumplir con las competencias que les establecen la Constitución y las leyes”, añadió.
El padre Mario Serrano, del Centro Bonó, dio que el voto de los diputados confirma que el futuro del país está amenazado, y consideró que la ciudadanía debe movilizarse con más fuerza para reclamar sus derechos, ya que las autoridades pretenden mantener a la población en el analfabetismo, la insalubridad y la falta de vivienda.
PREVIO A LA APROBACIÓN SECTORES SE OPONÍAN
ESTRELLA PIDE CA SOMETA PRESUPUESTO A VISTAS PUBLICAS
Sobre el tema, el candidato presidencial por el Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, pidió que fuera enviado a vistas públicas, para que se asigne el 4% del PIB a educación.
Estrella entiende que las partidas asignadas a cada Ministerio del Estado deben ser estudiadas en vistas públicas, para que el pueblo sepa en qué se invertirán los recursos el próximo año.
“Por qué lo quieren pasar de manera acelerada”, se preguntó Estrella al asegurar si es que no quieren que se conozcan los detalles de ese presupuesto, “donde solamente ha subido en 6.000 millones de pesos el pago de los intereses de las deudas y el propio Congreso se está subiendo 500 millones de pesos; un diez por ciento más para el próximo año”.
Eduardo Estrella habló al acudir al Congreso Nacional en solidaridad con la Coalición para una Educación Digna.
ALCALDE COTUI PIDE FEDOMU ACUDA A SCJ
Antes de ser aprobado el Presupuesto, por los diputados, el alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, propuso durante una reunión con directores de juntas municipales, que si era aprobado sin modificación, la Fedomu presente un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ.
Molina sostuvo que Fedomu debe cambiar su plan de lucha, que no le ha dado resultado, y que para ello dijo que deben acudir a la SCJ y declarar el presupuesto aprobado como inconstitucional, porque fue sancionado al vapor y sin ser modificado, como reclamaron diversos sectores de la vida nacional.
Los directivos de Fedomu recordaron que desde el año 2008 el Poder Ejecutivo ha insistido en mantener las transferencias en un monto invariable, de menos de 15,000 millones de pesos, por lo cual se deja de entregar un aporte sustancial que serviría para una mejor atención de las necesidades de las comunidades de país.
La Fedomu presentó su inconformidad con la actitud del gobierno, de no cumplir la ley, que establece las transferencias de fondos del Presupuesto Nacional hacia los gobiernos locales en un 10% de los ingresos ordinarios del Estado.
FINJUS SEÑALA LIMITES APROBACION PRESUPUESTO
De su lado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que el Presupuesto para el 2012 ascenderá a 430,000 millones de pesos, lo que supera en 39, 525 millones el presupuesto del año en curso.
Consideró en ese sentido, que el Poder Ejecutivo proyectó una distribución de los recursos que afecta sensiblemente la autonomía financiera de los otros poderes del Estado y los órganos de control público, e ignora las prioridades de gasto en derechos sociales que deben realizarse en un Estado social y democrático de derecho como el que estipula el artículo 7 de la Constitución.
Para la FINJUS, es necesario tomar en consideración que la Constitución de 2010 incorpora un conjunto de disposiciones que condicionan, tanto en la forma como en el fondo, la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado.
Dijo que el presupuesto es una ley ordinaria de naturaleza instrumental, en cuanto existe para garantizar los cometidos que la Constitución asigna a los poderes y órganos públicos y la consiguiente efectividad de las funciones del Estado.
“El presupuesto no puede desconocer el ordenamiento jurídico precedente que regula las asignaciones de los poderes y órganos de control, no solo porque vacía de contenido el sistema de frenos y contrapesos que la Constitución instaura en beneficio de la ciudadanía, sino porque a partir de la Constitución de 2010 las leyes que especializan fondos para ese tipo de instituciones son leyes de naturaleza orgánica a la luz de su artículo 112, y en cuanto tal, solo pueden ser modificadas con la mayoría agravada de las dos terceras partes de los presentes en las cámaras del Congreso Nacional”, dice la FINJUS.
Apunta que “el presupuesto de 2012 también vulnera la priorización de gastos que hace la Constitución en la prestación de los derechos sociales, porque existen múltiples disposiciones del bloque de constitucionalidad, consagrado por el artículo 74.3 de la Constitución de 2010, que exigen una inversión social en la medida de los recursos disponibles (art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos y art. 2.1 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), lo que condiciona la discrecionalidad política en la distribución del presupuesto público, y abre la posibilidad de que el Presupuesto del Estado pueda atacarse en inconstitucionalidad cuando se antepongan a los derechos sociales otras prioridades que no puedan justificarse razonablemente” (German Bidart Campos)”.
“El Presupuesto General del Estado no puede disminuir las partidas reservadas en materia de educación, porque se incurriría en una infracción constitucional. FINJUS considera que no se puede aprobar con una mayoría ordinaria el actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, porque modifica varias leyes de naturaleza orgánica”, sostiene.
Su legitimidad tampoco quedaría totalmente garantizada de aprobarse sin cambios con la mayoría calificada de las dos terceras partes en cada una de las cámaras, porque igualmente se alteraría la autonomía constitucional del Poder Judicial, que saca la peor parte en la repartición de los fondos públicos, y se vaciaría de contenido la previsión constitucional que obliga a garantizar una asignación especial para el derecho a la educación, expresa.
Es por esto que la Cámara de Diputados debe abocarse a una modificación del Proyecto de Presupuesto que lo haga más cónsono con el Estado social y democrático de derecho a que aspira la Constitución de 2010. Por lo que le solicita a ese hemiciclo que reconsidere su decisión de aprobar el Presupuesto con una mayoría ordinaria y sin modificación alguna, sugiere.
VARGAS MALDONADO MANTIENE APOYO A CAMBIO EN PRESUPUESTO
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, afirmó ayer que la decisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de usar su mayoría congresual para imponer el próximo año al país un presupuesto desequilibrado y violatorio de varias leyes, define a la presente administración como “un gobierno absolutista y desfasado”.
"Nunca antes, como en este momento se está aplicando desde el Congreso lo que en algún momento, y refiriéndose al cuerpo legislativo, el doctor Leonel Fernández denominó dictadura de la mayoría", sostuvo.
El presidente del PRD dijo que esa organización mantiene su coincidencia con los reclamos de organizaciones de la sociedad civil en favor de modificar la pieza presupuestaria para destinar partidas más adecuadas a la educación, el sistema judicial, la salud, y los ayuntamientos, que por demás están consignadas po
bienvenidos a batero digital la voz de los que no pueden hablar
No hay comentarios:
Publicar un comentario